lunes, 2 de septiembre de 2013

Ante el inicio de curso escolar 2013-14

El nuevo curso escolar comienza con protagonismo renovado del proceso legislativo abierto por la LOMCE y por los recortes presupuestarios que no cesan en la educación. 


Se esperan pocas novedades ya en el debate político y educativo sobre ambos temas. La LOMCE se encuentra en el trámite de enmiendas parciales en el Congreso, y encara la recta final hacia su aprobación el próximo otoño. La principal incógnita consiste en despejar si esa aprobación se hará en exclusiva con los votos del partido en el Gobierno, o será posible algún apoyo significativo que evite cualificar y condenar esta Ley como “de partido” y, por tanto, condenada a desaparecer inevitablemente en un futuro cambio de signo político.

El propio texto de la Ley no aceptará ya grandes modificaciones, salvo sorpresas de última hora, y encontrará su principal resistencia  en sí misma y en sus propias contradicciones y límites. Por ejemplo, el  inmediato calendario de aplicación para el curso 2014/15, que obligará a una auténtica maratón legislativa para tener a punto los Decretos que la desarrollen. Tampoco facilitará las cosas la parálisis que padece la Conferencia Sectorial, que necesita resolver muchas cuestiones prácticas sobre la nueva configuración de las enseñanzas, la introducción de las evaluaciones generales, la financiación del sistema, etc.
Preocupa especialmente el insuficiente avance de la libertad de enseñanza que aportará la nueva Ley. Si le sumamos la escasez presupuestaria que ya afecta gravemente a los conciertos educativos, podemos avanzar un panorama  conflictivo, especialmente por la insatisfacción del profesorado ante los cambios impuestos sin un consenso mínimo y por las repercusiones laborales que siempre tiene un proceso de estas características: ajustes de plantillas, reorganización de los centros, distribución del alumnado… La supresión de unidades concertadas es ya una grave realidad y, a la vez, una amenaza muy seria en algunas Comunidades, dejando al margen barbaridades sectarias como la agresión a la escuela diferenciada por algunas Administraciones.
Acumulamos ya la pérdida de muchos miles de puestos de trabajo tanto en la escuela pública como la concertada. También es visible un notable empeoramiento de las condiciones sociolaborales del profesorado en ambas redes de centros. Los ajustes presupuestarios no parecen conocer su final en un panorama económico desolador por sus efectos adversos tan prolongados y las escasas expectativas de recuperación a corto o medio plazo, que advierten muy negativamente sobre la penuria con la que se afrontará la implantación de la nueva LOMCE.
Es la realidad que nos toca afrontar. Esto es evidente.  Pero una gran parte del malestar social proviene de una percepción bastante generalizada sobre la injusta distribución del peso de los ajustes,  que está recayendo principalmente sobre las rentas del trabajo y sobre servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o la dependencia. En este desgraciado contexto de crecimiento de las desigualdades, no resulta extraño el último desafío este verano del FMI, con el respaldo de la Comisión Europea, proponiendo la desvergüenza de una rebaja salarial generalizada en España del 10% hic et nunc –aquí y ahora-, eso sí, de la mano de un compromiso de los empresarios para utilizar esos recursos económicos para crear empleo después. Un nuevo producto de la ingeniería económica destinado a una distribución horizontal del empleo y de la renta que volvería a afectar sobre todo a las clases medias y a los más desfavorecidos.
Es cierto que son necesarios cambios importantes en nuestro sistema educativo y también una apuesta firme por la eficiencia de los recursos económicos públicos siempre, no sólo cuando nos obliga una crisis. Pero estos objetivos no tienen por qué identificarse completamente con la nueva LOMCE, que no contenta a nadie, ni a propios ni extraños, y porque es probable que tampoco resuelva satisfactoriamente lo que muchos esperábamos con impaciencia.

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