martes, 2 de marzo de 2010

Reflexiones acerca del “Pacto Social y Político por la Educación”





La libertad de enseñanza aporta más calidad a nuestro sistema educativo.

La actualidad del presente curso escolar está casi monopolizada por la iniciativa del Ministerio de Educación de proponer un gran Pacto de Estado sobre la Educación para resolver los problemas, reconocidos ya por toda la comunidad educativa, que aquejan a nuestro sistema educativo. Concretamente nos referimos a las altas cifras de fracaso escolar, de abandono prematuro y el déficit crónico de titulados en FP de Grado Medio, entre otras cuestiones. Las evaluaciones internacionales son claras al respecto.
Yo soy un convencido de la necesidad de alcanzar un Pacto de esta naturaleza. Principalmente porque los grandes perjudicados por las dificultades que padece el sistema escolar son los alumnos. En muchos casos, de forma irreparable. Y suma y sigue. Si no se ataja la hemorragia del sistema con decisión, los damnificados de una escuela deficiente y cara como la que practicamos en España seguirán creciendo de forma imparable. No parece la contribución más adecuada de la educación a la coyuntura económica y social que vive el país.
¿Por qué promociona el MEC en este momento el Pacto? La Ley Orgánica de Educación termina su calendario de aplicación. Su desarrollo legislativo está culminado prácticamente también. ¿Es el momento de consolidar el modelo? El objetivo principal de este Pacto podría consistir en estabilizar el actual sistema educativo y someterlo a algún proceso de mejora o de corrección. Sin embargo, no parece que las principales conquistas educativas reivindicadas por el gobierno se sometan a revisión, tal y como reflejan los documentos presentados por el MEC, donde vuelven a aparecer como objetivos la promoción de la escuela inclusiva, la escuela comprensiva, la educación como servicio público, etc.
Estos contenidos hacen comprensibles los mensajes que están haciendo públicos tanto el gobierno como la oposición. Los primeros insisten en que no quieren ”volver atrás”, ajustar “cuentas pendientes” porque lo “escrito, escrito está”;  y los segundos contestan que sin “un cambio en profundidad” no habrá solución eficaz más allá de las simples declaraciones de intenciones. Esta es la situación, y es difícil apostar hoy en día por el éxito de la negociación.
Yo pienso que es esencial que en este Pacto se hable sobre las definiciones que articulan el sistema. Por ejemplo, en el Documento aparece la consideración de la educación como servicio público. O bien público, como explicitan reiteradamente los borradores elaborados por el MEC. De aquí se ramifican muchas políticas importantes, como por ejemplo el predominio calculado de la red pública de centros -y con vocación de monopolio a pasos agigantados-, aparcando a la red concertada como meramente subsidiaria. Esto explica y justifica la situación de discriminación que soportan los centros concertados y sus trabajadores, con una financiación insuficiente y con una capacidad muy desigual con respecto a los centros públicos para afrontar el partido de la educación personalizada, por ejemplo, o de la atención a la diversidad o del tratamiento a los alumnos de necesidades educativas especiales. Si las plantillas y los recursos no son los mismos, ¿las obligaciones tienen que ser las mismas? ¿No resultarán finalmente discriminados los alumnos por la escuela que eligieron sus padres? Al menos los que pudieron elegir sin ser obligados, forzados por el corsé de la planificación que ejercen algunas Administraciones y sus comisiones de escolarización.
Es llamativo el tratamiento informativo que los defensores de la “equidad por encima de todo y de todos” dan a los alumnos con “necesidades educativas especiales”, uno de los asuntos que más polvareda suele levantar. Siempre se insiste en la falacia más demagógica de la polémica escolar: la escuela pública escolariza a la inmensa mayoría de este alumnado, o a los procedentes de la inmigración, mientras que la concertada elige a su alumnado. ¿Acaso es que estos alumnos son, como así parece, solamente un problema que hay que repartir entre todos? ¿No pueden tener sus familias el mismo derecho, posiblemente más derecho, a escoger el centro en el que quieren escolarizar a sus hijos? ¿Se dan estas facilidades? ¿Consiste únicamente en esto la “escuela inclusiva”?
Yo pienso sinceramente que la libertad de enseñanza aporta calidad al sistema educativo. Desarrollarla de forma razonable es una asignatura pendiente a la que no se quiere dar una oportunidad. Hay que poner las cosas en su sitio otra vez. Es la familia la que debe tener todo el protagonismo sobre la educación de sus hijos. El trabajo de las Administraciones es poner los medios que sean necesarios para garantizar la misma calidad de la enseñanza que ofrecen los centros públicos y los concertados. Deben facilitar las opciones, la creación de nuevos centros concertados allá donde sean necesarios, por ejemplo, y no secuestrar a la red concertada mediante la planificación de la enseñanza. Además, para eliminar las injustas discriminaciones que sufren hoy día muchos padres, también se debe concertar de una vez por todas el Bachillerato y hacer gratuito también el tramo educativo de 0 a 3 años. Estas son medidas que no se contemplan en los borradores del Pacto y que son prioritarias.
Una escuela plural es una exigencia básica que habría que respetar para una sociedad plural como la nuestra. Si la autonomía de la escuela pública no se desarrolla, si los proyectos educativos de los centros no dejan de ser un simple corta y pega para justificar en muchos casos una realidad sólo documental y utópica, no mejorará la calidad del sistema. Apostar por una escuela pública con prestigio no implica necesariamente condenar a las demás escuelas por formar parte de un mal llamado “mercado de la educación donde la oferta y la demanda de escolarización benefician a algunos y olvidan a la mayoría”. En esto consiste el mito tan repetido de la privatización de la enseñanza; el conflicto rentabilizado por algunos entre lo “público” entendido como sinónimo de más social, de progreso, frente a lo privado como sinónimo de privilegio y de atraso social. Esta idea pudo tener sentido hace muchos años. Sin embargo, hoy, en las actuales circunstancias, carece completamente de él. Ahora la novedad consiste en alcanzar una complementariedad efectiva de las redes educativas, poniendo énfasis en que lo prioritario son siempre los alumnos, y  que por tanto tienen que recibir la misma calidad de la enseñanza sin hacer distinción entre ellos por el tipo de escuela en el que están escolarizados, pública o privada concertada.
El mismo principio de defensa de la pluralidad también lo entiendo desde la perspectiva pedagógica, para que no se reduzca el horizonte educativo a una escuela mixta como modelo único y políticamente correcto, demonizando otras opciones como la escuela diferenciada, presente en el panorama escolar desde hace muchos años y que cuenta con una demanda social importante.
La reforma de la ESO que plantea el MEC es engañosa. Siguen enrocados en la comprensividad radical del sistema sin tener en cuenta la evolución del alumnado, sus intereses y capacidades. Que todos los alumnos tengan el mismo itinerario formativo el mayor número posible de años no produce por sí mismo mayor equidad, sino simple y mera igualación, además de un sin fin de problemas para muchos alumnos que no quieren seguir estudiando, o tienen otros intereses. Algunos olvidan que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, o podría serlo hasta los 18 años si se quiere, pero estudiar no es obligatorio. Ahora quieren facilitar el acceso a los PCPI (antigua garantía social) a los 15 años. Posiblemente nos estemos quedando cortos.
El carácter orientador del cuarto curso que propone el Ministerio ya está, por cierto, recogido en la LOE. Algunas Comunidades Autónomas ofrecen hasta cuatro “agrupamientos de opciones”, y no sólo dos como ofrece el propio Ministerio. Además, con este “truco” pretende resolver las tensiones que vive el actual Bachillerato de dos años, ridículo para los objetivos que se pretenden de él. Todo el mundo viene reclamando un Bachillerato de tres años: ¿será de manera encubierta el cuarto curso de la ESO el primero de Bachillerato para quien elija esta posibilidad? ¿Es mejor dejar las cosas como están y ampliar el Bachillerato por arriba? Entre las propuestas del MEC se omiten también otras cuestiones fundamentales, como por ejemplo si se van a cambiar los criterios de promoción en la ESO, otro de esos importantes asuntos que conviene revisar para mejorar el nivel académico de nuestro alumnado.
La dignificación de la función docente no progresa adecuadamente en ninguno de los tres documentos presentados hasta ahora por el Ministerio, que en este asunto no va más allá de una mera declaración de intenciones y futuribles muy vagos. La culminación de un Estatuto de la Función Pública Docente aparece una vez más, aunque la medida más demandada por todos los sindicatos, la prórroga indefinida de la jubilación voluntaria e incentivada a los 60 años, quede en muy mal lugar ante el intento del gobierno de alargar la jubilación obligatoria hasta los 67 años. Para los docentes de la concertada no hay tampoco ningún compromiso concreto que mejore su situación laboral y posibilite, por ejemplo, una reducción de su jornada lectiva, excesivamente sobrecargada en la actualidad y donde no ha habido avances en relación con su homologación con los docentes de la pública. Tampoco se progresa en reforzar la autoridad de todos los profesores mediante su consideración como autoridad pública –el texto ministerial habla tan sólo de autoridad moral y profesional-.


Por último, defiendo que es la familia quien debe decidir sobre la formación religiosa y moral que desea para sus hijos. Aquí también se trata también de un derecho que aparece en el artículo 27.3 de la Constitución. El Estado no puede imponer ninguna formación de la conciencia moral ni de los valores que iluminan la vida privada de los alumnos al margen de la libre elección de sus padres. Para mi es esencial que los padres puedan elegir en la escuela pública la asignatura de Religión para sus hijos y en pie de igualdad con las demás materias. Creo, además, que la aplicación de este derecho por las familias no puede suponer ninguna discriminación para el profesorado de religión en los centros públicos, que ha de tener la misma valoración que el resto del claustro y del que deben formar parte en condiciones de igualdad a todos los efectos profesionales y laborales.    

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